Chilpancingo, Gro.- Tras informar que en Guerrero se rebasó la meta de recolección de firmas para la consulta energética, la dirigencia estatal del partido Morena anunció que ya preparan la movilización al zócalo de la ciudad de México para el próximo 26 de octubre acordada en el congreso nacional de ese instituto político.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal, César Núñez Ramos, señaló que se está convocando al pueblo a concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 26 de octubre, a las 11 horas, para respaldar la petición de la consulta popular “e impedir que bajo cualquier pretexto el INE y sobre todo la Suprema Corte de Justicia, nieguen el derecho que tiene el pueblo como depositario de la soberanía nacional, a ser consultado en este asunto de gran trascendencia para el país”.
Invitó al pueblo de Guerrero a participar y lograr una asistencia de al menos 4 mil 500 guerrerenses a la concentración patriótica, dijo que quien desee asistir pude registrarse al correo electrónico: contacto@morenaguerrero.com y proporcionar sus datos.
Sobre la campaña de recolección de firmas, informó que nacionalmente Morena cumplió y rebasó su meta en un 9 por ciento más, es decir, se reunieron y se entregaron al Senado de la República 2 millones 822 mil 479 firmas, casi el doble de las que exige la Ley.
“En Guerrero con satisfacción informamos que rebasamos la meta de 117 mil 843 firmas que nos fue asignada porque finalmente entregamos en tiempo y forma 131 mil 482 lo que representa un 111.6 por ciento”.
Núñez Ramos agradeció el gran apoyo del pueblo de Guerrero, que como en todo el país, rechaza y no está de acuerdo con que se aplique la reforma energética de Peña Nieto.
En otro tema adelantó la próxima visita que realizará al estado el presidente del Consejo Nacional de ese instituto político, Andrés Manuel López Obrador, que ahora estará por la Región Norte, durante los últimos días de octubre próximo.
En la conferencia estuvieron presentes los integrantes del comité estatal, Rubén Cayetano García, secretario general; Luis Enrique Ríos, secretario de Organización; Iván Hernández Díaz, secretario de Finanazas; el de Comunicación y Propaganda, Silvestre Arizmendi Torres; del Trabajo, Marco Antonio Miranda y la secretaria de Diversidad Sexual, Coyoltxausqui Soria, además del Promotor de la Soberanía Nacional del municipio de Chilpancingo, Ignacio Vázquez Memije.
El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan documentó las graves violaciones a los derechos humanos en Iguala y las ejecuciones extrajudiciales de 6 personas, entre ellas, 3 estudiantes. Exige una investigación independiente y castigo a los policías municipales que dispararon, así como a las autoridades que son cómplices o que fallaron por omisión
Regeneración, 29 de septiembre de 2014. El pasado 26 de septiembre de 2014, en cuatro ataques, en las inmediaciones de la ciudad de Iguala perdieron la vida seis personas, entre éstas, tres estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa; 20 más resultaron heridas, pero un estudiante se encuentra en estado vegetativo y de 55 sigue sin conocerse su paradero.
La policía municipal de Iguala, Guerrero, disparó contra los estudiantes y mató a uno de ellos; más tarde, un grupo armado que abrió fuego contra ellos, asesinando a dos jóvenes de la normal; el mismo grupo atacó a un equipo de futbol y mató a tres personas más, al chofer del autobús, al entrenador y a un jugador.
“Las ejecuciones extrajudiciales de los tres estudiantes, la situación de los heridos y de los desaparecidos constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden permanecer en la impunidad”, denunció el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan de la Montaña de Guerrero.
“Los hechos evidencian de parte de la Policía Municipal un uso excesivo de la fuerza, una intención deliberada de ejecutar ilegal y arbitrariamente a los estudiantes y de las autoridades estatales y federales, una omisión para implementar medidas de seguridad y preventivas que evitaran una segunda agresión y la desaparición de los 55 estudiantes normalistas”, afirma el centro en un comunicado.
El Centro Tlachinollan urgió a las autoridades de Guerrero y al gobierno federal, “llevar a cabo una investigación independiente, expedita y eficiente de todos los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala”. A su vez, demandó “procesar y sancionar a los policías municipales responsables de las ejecuciones extrajudiciales, así como a las autoridades municipales que omitieron y consintieron las graves violaciones a los derechos humanos descritas”. Los estudiantes y padres de familia exigieron la renuncia del alcalde de Iguala.
La organización de derechos humanos exigieron a las autoridades federales y estatales “realizar las investigaciones y acciones de búsqueda para dar con el paradero y presentación con vida de los 55 estudiantes desaparecidos”. Al mismo tiempo, iniciar los procesos administrativos y judiciales contra autoridades estatales y federales “que faltaron a su deber de prevenir razonablemente estas graves violaciones a los derechos humanos”.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que para definir responsabilidades en el asesinato de tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapan, en Iguala, Guerrero, hay que saber cómo se dio la indicación, si es que la hubo, de enfrentar a tiros una manifestación. En entrevista consideró que este proceso “de verdad increíble respecto a la actuación de algunos elementos policiacos se dio en el contexto del informe de la presidenta del DIF municipal”. Agregó que es una investigación abierta de la Procuraduría General de la República y que el más interesado en saber qué pasó es el Estado mexicano.
Cabe recordar que los estudiantes normalistas sufrieron un ataque similar el 12 de diciembre de 2011, cuando a consecuencia de un operativo fallido de desalojo en la “Autopista del Sol” de una protesta de los normalistas, perdieron la vida tres personas, entre ellos, dos estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús quienes fueron extrajudicialmente ejecutados; tres estudiantes más fueron heridos de bala gravemente; además se documentaron 24 detenciones arbitrarias, tortura y tratos graves e inhumanos. “Estos hechos permanecen en la impunidad y los únicos policías que se encontraban procesados fueron exonerados el año pasado”, destaca Tlachinollan.
LOS HECHOS
El día 26 de septiembre de 2014, a las nueve de la noche, 80 estudiantes de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos se dirigían a la ciudad de Chilpancingo desde la ciudad de Iguala, a bordo de tres autobuses de la empresa Costa Line, después de llevar a cabo actividades de colecta de recursos para costear los gastos de la Normal. Al salir de la central de autobuses, con dirección a Chilpancingo, varias patrullas intentaron cerrar el paso a los autobuses, empezando a disparar de manera intermitente sin dar advertencia alguna. Después de una persecución, los normalistas fueron cercados, al posicionarse las patrullas 017, 018, 022, 027 y 028 en la parte trasera de la caravana de autobuses. Así, los normalistas descendieron de los autobuses dirigiéndose hacia la patrulla que se encontraba estacionada frente a los autobuses.
Sin mediar palabra los policías municipales comenzaron a disparar en ráfagas de manera indiscriminada desde las distintas posiciones, cayendo herido en ese instante Aldo Gutiérrez Solano, alumno del primer año, originario de El Refugio, Municipio de Ayutla, Guerrero, quien el día de hoy se encuentra en estado vegetativo. Los estudiantes que se encontraban en el autobús de atrás fueron violentamente descendidos del mismo por los policías y sometidos, acostándolos en el piso, a un costado de una bodega Aurrerá. El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones, al tiempo que los policías municipales continuaban disparando. La balacera tuvo una duración de alrededor de cuarenta minutos.
Los agentes municipales se retiraron, llevándose a unos 20 normalistas detenidos en las patrullas 017, 018, 020, 022 y 028. A la vez, algunos estudiantes se reorganizaron en el lugar de los hechos, esperando que arribaran las autoridades del Ministerio Público, para dar fe de los hechos y recoger los indicios.
A las doce de la noche, los estudiantes comenzaron a informar sobre los hechos a los medios de comunicación que habían llegado al lugar, junto a diversas organizaciones sociales. En ese momento, del periférico norte arribó una camioneta RAM color rojo de la que descendieron varias personas con armas largas quienes empezaron a disparar indiscriminadamente en ráfagas. Ahí cayeron dos estudiantes muertos: Daniel Solís Gallardo y un estudiante de primer año de licenciatura bilingüe que no ha sido aún identificado por sus familiares; además, cinco estudiantes y dos profesores resultaron heridos graves. Esta segunda agresión armada duró alrededor de 15 minutos.
A las siete de la mañana del 27 de septiembre, los normalistas se reagruparon en la Fiscalía de la zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE). Los estudiantes comenzaron a declarar sobre los hechos y solicitaron visitar los separos de la Policía preventiva para constatar la integridad física de los estudiantes que habían sido detenidos por la policía municipal en los primeros hechos sobre la carretera; sin embargo, el director de Seguridad Publica les dijo que no tenía a ninguna persona en los separos; les permitió verificar y, efectivamente, no se encontró a ningún estudiante. Durante la segunda agresión muchos estudiantes se dispersaron por diferentes partes, por lo que a la fecha 55 estudiantes se encuentran desaparecidos, entre ellos, los detenidos por autoridades municipales.
A las cuatro de la tarde de ese día, estando los estudiantes en la Fiscalía dando seguimiento a las denuncia, el Ministerio Público les informó que a tres cuadras de donde ocurrieron los hechos habían encontrado el cadáver de un estudiante con visibles huellas de tortura, sin ojos y desollado del rostro; después de ser identificado por sus compañeros, éstos constataron que se trataba de Julio Cesar Fuentes Mondragón.
En este contexto, se interpuso el día 28 de septiembre de 2014, una denuncia por el crimen de desaparición de personas, en agravio de los 55 estudiantes desaparecidos, que quedó radicada bajo la averiguación previa VRA/03/2385/2014 en la PGJE en Chilpancingo. También se ha iniciado una queja frente a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
Por su parte, el gobierno de Guerrero ha dado a conocer, en un comunicado de prensa, información sobre sus acciones ante estos lamentables hechos y otros dos eventos violentos que sucedieron en el mismo contexto.
Las ejecuciones extrajudiciales de los tres estudiantes, la situación de los heridos y de los desaparecidos constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden permanecer en la impunidad, subrayó el Centro Tlachinollan y exigió a las autoridades estatales y federales:
En virtud de ello, las organizaciones de derechos humanos que hemos acompañado por varios años a los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, urgimos a la comunidad internacional y a la sociedad civil a urgir a las autoridades Estatales y Federales a:
1.Llevar a cabo una investigación independiente, expedita y eficiente de todos los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
2.Procesar y sancionar a los Policías municipales responsables de las ejecuciones extrajudiciales, así como a las autoridades Municipales que omitieron y consintieron las graves violaciones a los derechos humanos descritas.
3.Iniciar los procesos administrativos y judiciales contra autoridades Estatales y Federales que faltaron a su deber de prevenir razonablemente estas graves violaciones a los derechos humanos.
4.Realizar las investigaciones y acciones de búsqueda para dar con el paradero y presentación con vida de los 55 estudiantes desaparecidos.
5.Implementar medidas cautelares a fin de garantizar y salvaguardar la integridad física y psicológica de los 55 estudiantes desaparecidos.
6.Garantizar la atención integral, médica y psicológica, de los estudiantes lesionados.
7.Establecer la verdad y reparar integralmente los daños a las víctimas y sus familiares.
8.Garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes que han denunciado los hechos y de las personas defensoras que acompañan en su proceso a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en acuerdo a lo establecido en la Declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos y órganos de la sociedad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos universalmente.
Regeneración, 29 de septiembre de 2014. El pasado 26 de septiembre de 2014, en cuatro ataques, en las inmediaciones de la ciudad de Iguala perdieron la vida seis personas, entre éstas, tres estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa; 20 más resultaron heridas, pero un estudiante se encuentra en estado vegetativo y de 55 sigue sin conocerse su paradero.
La policía municipal de Iguala, Guerrero, disparó contra los estudiantes y mató a uno de ellos; más tarde, un grupo armado que abrió fuego contra ellos, asesinando a dos jóvenes de la normal; el mismo grupo atacó a un equipo de futbol y mató a tres personas más, al chofer del autobús, al entrenador y a un jugador.
“Las ejecuciones extrajudiciales de los tres estudiantes, la situación de los heridos y de los desaparecidos constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden permanecer en la impunidad”, denunció el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan de la Montaña de Guerrero.
“Los hechos evidencian de parte de la Policía Municipal un uso excesivo de la fuerza, una intención deliberada de ejecutar ilegal y arbitrariamente a los estudiantes y de las autoridades estatales y federales, una omisión para implementar medidas de seguridad y preventivas que evitaran una segunda agresión y la desaparición de los 55 estudiantes normalistas”, afirma el centro en un comunicado.
El Centro Tlachinollan urgió a las autoridades de Guerrero y al gobierno federal, “llevar a cabo una investigación independiente, expedita y eficiente de todos los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala”. A su vez, demandó “procesar y sancionar a los policías municipales responsables de las ejecuciones extrajudiciales, así como a las autoridades municipales que omitieron y consintieron las graves violaciones a los derechos humanos descritas”. Los estudiantes y padres de familia exigieron la renuncia del alcalde de Iguala.
La organización de derechos humanos exigieron a las autoridades federales y estatales “realizar las investigaciones y acciones de búsqueda para dar con el paradero y presentación con vida de los 55 estudiantes desaparecidos”. Al mismo tiempo, iniciar los procesos administrativos y judiciales contra autoridades estatales y federales “que faltaron a su deber de prevenir razonablemente estas graves violaciones a los derechos humanos”.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que para definir responsabilidades en el asesinato de tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapan, en Iguala, Guerrero, hay que saber cómo se dio la indicación, si es que la hubo, de enfrentar a tiros una manifestación. En entrevista consideró que este proceso “de verdad increíble respecto a la actuación de algunos elementos policiacos se dio en el contexto del informe de la presidenta del DIF municipal”. Agregó que es una investigación abierta de la Procuraduría General de la República y que el más interesado en saber qué pasó es el Estado mexicano.
Cabe recordar que los estudiantes normalistas sufrieron un ataque similar el 12 de diciembre de 2011, cuando a consecuencia de un operativo fallido de desalojo en la “Autopista del Sol” de una protesta de los normalistas, perdieron la vida tres personas, entre ellos, dos estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús quienes fueron extrajudicialmente ejecutados; tres estudiantes más fueron heridos de bala gravemente; además se documentaron 24 detenciones arbitrarias, tortura y tratos graves e inhumanos. “Estos hechos permanecen en la impunidad y los únicos policías que se encontraban procesados fueron exonerados el año pasado”, destaca Tlachinollan.
LOS HECHOS
El día 26 de septiembre de 2014, a las nueve de la noche, 80 estudiantes de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos se dirigían a la ciudad de Chilpancingo desde la ciudad de Iguala, a bordo de tres autobuses de la empresa Costa Line, después de llevar a cabo actividades de colecta de recursos para costear los gastos de la Normal. Al salir de la central de autobuses, con dirección a Chilpancingo, varias patrullas intentaron cerrar el paso a los autobuses, empezando a disparar de manera intermitente sin dar advertencia alguna. Después de una persecución, los normalistas fueron cercados, al posicionarse las patrullas 017, 018, 022, 027 y 028 en la parte trasera de la caravana de autobuses. Así, los normalistas descendieron de los autobuses dirigiéndose hacia la patrulla que se encontraba estacionada frente a los autobuses.
Sin mediar palabra los policías municipales comenzaron a disparar en ráfagas de manera indiscriminada desde las distintas posiciones, cayendo herido en ese instante Aldo Gutiérrez Solano, alumno del primer año, originario de El Refugio, Municipio de Ayutla, Guerrero, quien el día de hoy se encuentra en estado vegetativo. Los estudiantes que se encontraban en el autobús de atrás fueron violentamente descendidos del mismo por los policías y sometidos, acostándolos en el piso, a un costado de una bodega Aurrerá. El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones, al tiempo que los policías municipales continuaban disparando. La balacera tuvo una duración de alrededor de cuarenta minutos.
Los agentes municipales se retiraron, llevándose a unos 20 normalistas detenidos en las patrullas 017, 018, 020, 022 y 028. A la vez, algunos estudiantes se reorganizaron en el lugar de los hechos, esperando que arribaran las autoridades del Ministerio Público, para dar fe de los hechos y recoger los indicios.
A las doce de la noche, los estudiantes comenzaron a informar sobre los hechos a los medios de comunicación que habían llegado al lugar, junto a diversas organizaciones sociales. En ese momento, del periférico norte arribó una camioneta RAM color rojo de la que descendieron varias personas con armas largas quienes empezaron a disparar indiscriminadamente en ráfagas. Ahí cayeron dos estudiantes muertos: Daniel Solís Gallardo y un estudiante de primer año de licenciatura bilingüe que no ha sido aún identificado por sus familiares; además, cinco estudiantes y dos profesores resultaron heridos graves. Esta segunda agresión armada duró alrededor de 15 minutos.
A las siete de la mañana del 27 de septiembre, los normalistas se reagruparon en la Fiscalía de la zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE). Los estudiantes comenzaron a declarar sobre los hechos y solicitaron visitar los separos de la Policía preventiva para constatar la integridad física de los estudiantes que habían sido detenidos por la policía municipal en los primeros hechos sobre la carretera; sin embargo, el director de Seguridad Publica les dijo que no tenía a ninguna persona en los separos; les permitió verificar y, efectivamente, no se encontró a ningún estudiante. Durante la segunda agresión muchos estudiantes se dispersaron por diferentes partes, por lo que a la fecha 55 estudiantes se encuentran desaparecidos, entre ellos, los detenidos por autoridades municipales.
A las cuatro de la tarde de ese día, estando los estudiantes en la Fiscalía dando seguimiento a las denuncia, el Ministerio Público les informó que a tres cuadras de donde ocurrieron los hechos habían encontrado el cadáver de un estudiante con visibles huellas de tortura, sin ojos y desollado del rostro; después de ser identificado por sus compañeros, éstos constataron que se trataba de Julio Cesar Fuentes Mondragón.
En este contexto, se interpuso el día 28 de septiembre de 2014, una denuncia por el crimen de desaparición de personas, en agravio de los 55 estudiantes desaparecidos, que quedó radicada bajo la averiguación previa VRA/03/2385/2014 en la PGJE en Chilpancingo. También se ha iniciado una queja frente a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
Por su parte, el gobierno de Guerrero ha dado a conocer, en un comunicado de prensa, información sobre sus acciones ante estos lamentables hechos y otros dos eventos violentos que sucedieron en el mismo contexto.
Las ejecuciones extrajudiciales de los tres estudiantes, la situación de los heridos y de los desaparecidos constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden permanecer en la impunidad, subrayó el Centro Tlachinollan y exigió a las autoridades estatales y federales:
En virtud de ello, las organizaciones de derechos humanos que hemos acompañado por varios años a los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, urgimos a la comunidad internacional y a la sociedad civil a urgir a las autoridades Estatales y Federales a:
1.Llevar a cabo una investigación independiente, expedita y eficiente de todos los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
2.Procesar y sancionar a los Policías municipales responsables de las ejecuciones extrajudiciales, así como a las autoridades Municipales que omitieron y consintieron las graves violaciones a los derechos humanos descritas.
3.Iniciar los procesos administrativos y judiciales contra autoridades Estatales y Federales que faltaron a su deber de prevenir razonablemente estas graves violaciones a los derechos humanos.
4.Realizar las investigaciones y acciones de búsqueda para dar con el paradero y presentación con vida de los 55 estudiantes desaparecidos.
5.Implementar medidas cautelares a fin de garantizar y salvaguardar la integridad física y psicológica de los 55 estudiantes desaparecidos.
6.Garantizar la atención integral, médica y psicológica, de los estudiantes lesionados.
7.Establecer la verdad y reparar integralmente los daños a las víctimas y sus familiares.
8.Garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes que han denunciado los hechos y de las personas defensoras que acompañan en su proceso a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en acuerdo a lo establecido en la Declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos y órganos de la sociedad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos universalmente.
Chilpancingo, Gro.- Más de 3 mil estudiantes normalistas, padres de familia de desaparecidos y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) marcharon ayer en la capital, para exigir justicia y castigo a los culpables del asesinato de tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del viernes en dos ataques a manos de policías municipales de Iguala y un comando de sicarios, y en su trayecto recibieron el respaldo de la sociedad civil chilpancinguense.
Fueron varios los momentos de las muestras de respaldo al contingente que avanzó de la avenida Insurgentes al norte de la ciudad, hasta las instalaciones del Congreso local al sur: gente en los balcones de los edificios, un cartel en apoyo, víveres para los marchistas y consignas de automovilistas a favor del contingente.
La protesta en un principio fue pacífica. En el trayecto, normalistas con rostros cubiertos realizaron pintas en bancos, tiendas Oxxo, el Palacio Municipal, la Comisión de Agua Potable de Guerrero, la Auditoría General del Estado y lanzaron piedras a la fachada principal del Congreso local.
Ahí también quemaron dos muñecos con el rostro del gobernador Ángel Aguirre Rivero y el presidente municipal de Iguala José Luis Abarca Velázquez, y demandaron la destitución del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y la aparición con vida de lo 57 desaparecidos.
Chilpancingo, Gro., 28 de septiembre de 2014.- Ante los graves acontecimientos en los que jóvenes fueron brutalmente acribillados por la policía municipal de Iguala y un grupo armado no identificado, el Consejo Estatal del partido morena en Guerrero hace el siguiente pronunciamiento:
Condena enérgicamente la brutal represión y los asesinatos de jóvenes estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapay de futbolistas de Chilpancingo así como las personas civiles fallecidas el pasado 26 de septiembre en Iguala; estos hechos lamentables son consecuencia de la política autoritaria y represiva de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Angel Heladio Aguirre Rivero y José Luis Abarca Velázquez para intimidar y reprimir la protesta social y los movimientos reivindicativos del magisterio,jubilados, sindicatos y estudiantes.
Esta estrategia intimidatoria de amedrentar a los jóvenes y de intimidarlos busca criminalizarlos y pretende apagar su voz.
Se exige el inmediato castigo a los responsables materiales e intelectuales, la presentación con vida de los desaparecidos y el cese de esta campaña de hostigamiento y represión que sufre el pueblo de Guerrero.
Manifestamos nuestra solidaridad con los agredidos y sus familias.
CONSEJO ESTATAL
México.- El presidente del Consejo Nacional del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador exigió castigo para las autoridades responsables de los hechos violentos registrados en la ciudad de Iguala, Guerrero, donde murieron tres jóvenes estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa y un joven integrante del club de fútbol Los Avispones de la tercera división.
A través de sus redes sociales el excandidato presidencial dio sus condolencias a familiares de las víctimas.
16 de agosto de 2014.- La dirigencia estatal del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), informó que a la fecha en Guerrero han recopilo 70 mil firmas para la consulta ciudadana sobre la reforma energética de una meta de 118 mil la cual, esperan alcanzar en el mes de septiembre.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal, César Núñez Ramos, señaló que a pesar de haber logrado a nivel nacional un millón 600 mil firmas, mínimo que les exige la Ley Federal de Consulta Popular, tratarán de conseguir el mayor número de firmas por si el Instituto Nacional Electoral anula varias, no sea suficiente para invalidar la consulta.
Por su parte, el representante de Morena en Acapulco, Marcial Rodríguez Saldaña, informó que en el municipio se han recabado 13 mil, y continuarán los esfuerzos de recolección hasta el mes de septiembre.
Fuente La Jornada Guerrero.
La operación para absorber Cablecom inició dos años atrás. Grupo Televisa adquirió el 49 por ciento de las acciones y tenía pendiente una opción de compra del 51 por ciento restante de la compañía, en manos de Tenedora Ares.
Por Jenaro Villamil | Homozapping
15 de agosto, 2014.-Cuatro párrafos fueron suficientes para que los trabajadores de Cablecom, la tercera compañía de televisión por cable, se enteraran que Grupo Televisa había absorbido a esta empresa vía fast track, sin necesidad de que el organismo regulador de las telecomunicaciones autorizara esta operación que convierte a la empresa de Azcárraga Jean en el monopolio de la tv de paga, con 62 por ciento del control del mercado.
El comunicado que le llegó a algunos trabajadores del área de supervisión de Cablecom decía lo siguiente:
“Estimados Colegas: Tengo el agrado de comunicarles que a partir del día de hoy, Grupo Cablecom se incorpora a Televisa, la compañía de medios de comunicación más grande en el mundo de habla hispana y uno de los actores más importantes en el negocio del entretenimiento y las telecomunicaciones.
“Como lo ha hecho Cablecom en sus 50 años de vida, continuaremos ofreciendo a nuestros abonados y clientes corporativos un servicio de alta calidad con la incorporación de nuevas tecnologías y nuevos servicios”.
“En términos operativos, seguimos trabajando de la misma forma como lo hemos realizado hasta el día de hoy, bajo mi dirección y potenciando las fortalezas de ambas empresas”.
La operación para absorber Cablecom inició dos años atrás. Grupo Televisa adquirió el 49 por ciento de las acciones y tenía pendiente una opción de compra del 51 por ciento restante de la compañía, en manos de Tenedora Ares.
La operación se confirmó un día después de la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Gracias al artículo 9 transitorio del ordenamiento –negociado con el PRD, PRI y PAN y la conserjería jurídica de Los Pinos-, Televisa no necesita la autorización del IFT porque es una operación de menos del 20 por ciento del “sector” de telecomunicaciones.
Cablecom presta servicios de triple play en 16 entidades, con 1.2 millones de abonados, de los cuales, el 70 por ciento son servicios de televisión por cable.
